Puente de Boyacá, 7 de agosto de 2023.
A toda la comunidad que se encuentra presente hoy celebrando el aniversario 204 de la heroica Batalla de Boyacá y del Ejército Nacional, más viejo que esta batalla, más antiguo, porque es el Ejército de la República.
Ejército que nace en las luchas de la Independencia Nacional con ideas republicanas y democráticas.
Configurado en un principio por indígenas, negros que se liberaban de las cadenas, campesinos, campesinas, gente de Colombia que aún no se llamaba así: Colombia, pero que, con su esfuerzo, con la espada libertaria de aquellas épocas, del mundo y de nuestra naciente nación, fueron construyendo esta historia que, como un torrente, así como este río al frente, nos trae hasta el presente con los problemas y las virtudes de la realidad de hoy.
Generalmente no leo los discursos, pero la necesidad de entregar cifras más o menos exactas de lo que ha acontecido me lleva a esta realidad, no muy gustosa para mí, de leer este discurso que también tiene que ver con la conmemoración del primer año de Gobierno y, por tanto, de rendirle cuentas a la nación como todo funcionario democrático debe hacer en sus más, en sus menos, en los problemas, en los logros.
Semillas esperanzadoras del Cambio
Hace pocos días, el pasado 28 de julio, en la Sierra Nevada de Santa Marta que sus habitantes indígenas denominan “el corazón del mundo”, pude ver a dos jóvenes indígenas: una de la Sierra Nevada, otra de Lerma en el departamento del Cauca, intercambiando unas semillas.
Semillas que, como me decía una de ellas, no sólo nutren nuestro cuerpo, sino también nuestra alma, semillas del alma, nuestro espíritu. Son semillas de amor y de vida, decía, y se las intercambiaron para ser llevadas a sus diferentes comunidades.
Ese intercambio entre dos comunidades, quizás sencillo y pequeño es, sin embargo, un símbolo esperanzador del cambio, de ese cambio que estamos construyendo por mandato del pueblo colombiano.
De esa nueva Colombia que está surgiendo y que nos demanda una resignificación, un nuevo significado de nuestra propia historia.
Un freno a toda esa sangre derramada por décadas que ha ahogado las esperanzas del pueblo.
Esa paz esquiva, también, está en el diálogo en la búsqueda de acuerdos que nos permitan proteger la vida de la gente en lugar de profundizar la violencia y las hostilidades del enfrentamiento armado que acaba con el tejido social, con las juventudes, con las vidas de la gente más pobre, con Colombia.
Eso es la Paz Total: poner la vida por encima de los odios, del lucro de unos cuantos, de las inercias de la historia que sólo convienen a quienes quieren que nos matemos para seguir creciendo negocios codiciosos, mafias.
Todo lo que este Gobierno está haciendo, está pensado para la vida, para enaltecer la vida, para dignificarla, para protegerla, para cuidarla, para que florezca vida, donde por tantos y tantos años ha habido muerte, sangre derramada.
La vida está en el centro de nuestras políticas, en nuestra verdadera hoja de ruta. El Gobierno del Cambio escogió la vida, el Gobierno del Cambio está empeñado en convertir a Colombia en Potencia Mundial de la Vida.
La paz no es un “negociado” entre armados
Por eso, estamos conversando con los grupos armados para buscar salidas, para salvar vidas. Tenemos una mesa de diálogos con el ELN que ya nos ha permitido alcanzar un histórico e inédito cese al fuego bilateral que, más que eso, debe ser un cese de hostilidades contra la población civil.
La paz no es un “negociado” entre armados, es una realidad, donde la sociedad desarmada debe intervenir.
Este esfuerzo, incluso, ha sido apoyado por las Naciones Unidas que ha extendido el mandato de la misión de verificación que opera en Colombia. Esto significa el apoyo del mundo a la paz de Colombia.
Se ha dialogado con bandas criminales en Buenaventura y Medellín gracias a la Iglesia Católica de Colombia.
Con esos grupos, que necesitamos desarmar para que la paz sea una realidad en esos territorios, hemos constatado que allí, en sus propias zonas, se han reducido sustancialmente los niveles de violencia.
El bienestar de la Fuerza Pública es una prioridad
La paz – hoy relativa y no total – nos ha permitido en nuestro primer año disminuir en un 54% el número de las víctimas fatales de la Fuerza Pública, pero ese no es el dato esencial. A nosotros nos han acusado de no estar al lado de la Fuerza Pública. Eso es simplemente una mentira.
El bienestar de las mujeres y los hombres que integran nuestras fuerzas, las fuerzas de la Constitución Nacional, es una prioridad. Por eso, por ejemplo, se incrementó la bonificación mensual para los jóvenes que prestan el servicio militar del 30% al 50% de un salario mínimo y espero seguir haciéndolo. Esto es parte de la Política Integral de Bienestar para la Fuerza Pública que estamos poniendo en marcha por primera vez en nuestra historia contemporánea.
Tampoco hemos atado las manos a nuestros policías y soldados, solo las dirigimos hacia otros objetivos.
Persecución a cadena del narcotráfico
Hemos perseguido a los grandes eslabones de la cadena del narcotráfico. En lo corrido de este Gobierno hemos incautado 1.100 toneladas de cocaína y aumentamos la destrucción de laboratorios para el procesamiento de droga en un 16% respecto al periodo anterior.
En este año tenemos 573 toneladas de cocaína incautada, la mayor cantidad en toda la historia en un periodo similar.
40% de municipios sin homicidios
Hemos combatido con contundencia la criminalidad con la captura de 9.030 personas de grupos armados; adelantado 290 combates contra grupos ilegales y mejorado parcialmente la seguridad ciudadana comparado con el gobierno anterior, con una reducción del 29,7% de delitos sexuales, de manera fundamental, la reducción de feminicidios.
Y aquí, - qué tristeza-, el feminicidio de Luz Mery Tristán, la patinadora que nos acompañó durante estas décadas de existencia a todos los y las colombianas.
Se ha reducido de manera fundamental el homicidio en Colombia. Aún una cifra que no es la que nos gusta: 3,6% en todo el país comparando este semestre con el primer semestre del año pasado, reducción que aún debe ser mucho más profunda para salir de los témpanos de sangre de la violencia.
Redujimos los homicidios en 17 departamentos, incluidos los más afectados por el conflicto armado: Arauca, Chocó, Caquetá y Norte de Santander. Paradoja: crecieron los homicidios en departamentos donde no había conflicto armado.
En un 40% de los municipios de Colombia no hay homicidios en todo el año transcurrido.
No le haremos “conejo” a la paz
Además, en el Gobierno del Cambio estamos trabajando en la implementación del Acuerdo de Paz del 2.016.
Hemos respetado la institucionalidad surgida de ese acuerdo apoyando a la Justicia Especial para la Paz, a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, a la Comisión de la Verdad. Qué el Acuerdo de Paz se materialice en serio, porque es la antesala de la Paz Total, es una de nuestras principales preocupaciones.
Hacerle conejo a la paz, como han querido hacerle, es poner las bases para un nuevo ciclo de violencia, quizás más complejo y sangriento de los que hemos vivido y, por tanto, no lo haremos.
Ni desestabilización ni catástrofe económica: vencimos la inflación
En economía: también nos han dicho que íbamos a desestabilizar la economía del país, que la inversión se iba a ir, que se perderían empleos, que subiría el dólar. La catástrofe económica, decían los que no creen y nunca han creído en el cambio ni en las visiones nuevas de la vida y de la existencia.
Por el contrario. Hoy podemos decir que hemos vencido la inflación que es la que golpea los bolsillos de la gente más pobre de Colombia.
Ahora los precios empiezan a bajar. Lo obvio y más natural es que comencemos a notar que el dinero de la familia ya alcanza para comprar la misma canasta de bienes y servicios que antes.
En este año, también, logramos uno de los mayores aumentos del salario mínimo por medio de una decisión concertada entre centrales obreras y gremios patronales que benefició a los hogares colombianos. El salario creció un 16% nominal, llegando a 1.160.000 pesos mensuales.
Si comparamos el ascenso de este salario con lo que va del índice de inflación en este momento, ya tenemos un incremento del salario real mínimo de cuatro puntos por encima del año pasado.
Y si continuamos en este esfuerzo antiinflacionario, el salario real mínimo de Colombia puede crecer a fines del presente año un 8%, lo que significa elevar el nivel de vida real de este sector de la población colombiana asalariada.
Más de un millón de empleos estables
Logramos crear en este año un 1,030.000. El 98% de estos empleos –casi nunca se daba una cifra similar– es de carácter formal, es decir, son puestos estables que pagan seguridad social y salud.
Además, en junio, logramos la brecha de desempleo más baja entre hombres y mujeres de la última década, con una diferencia de 3,9 puntos que queremos seguir haciendo descender.
Fortalecimiento del peso frente al dólar
En junio del 2.023 los flujos de inversión extranjera directa, es decir, la que se dedica a la producción alcanzaron 1.729 millones de dólares lo que representa un crecimiento del 70% frente al mismo mes del 2.022.
Si, además, a este dato le agregamos que el déficit de la balanza comercial, es decir, la diferencia entre las importaciones –cuyo valor es más alto– y las exportaciones de Colombia –cuyo valor es más bajo– cayó del 6% al 4%, comprenderemos por qué el peso de Colombia es la más revaluada divisa frente al dólar en los últimos tiempos.
Es decir: ¿por qué se ha fortalecido el peso colombiano más que ninguna otra moneda del mundo frente al dólar? Es tanta la confianza en el país que una de las grandes calificadoras de riesgo, como es el caso de Fitch Ratings, ratificó la calificación de Colombia.
Reforma tributaria pensada en la gente
Sacamos adelante una reforma tributaria. Decían que iba a producir la devaluación, la caída del peso y la huida de la producción y el empleo, mentiras. Esta reforma tributaria aprobada por el Congreso de la República en el mes de diciembre, recaudará $ 17,5 billones en el primer año, 1,1 % del PIB (Producto Interno Bruto) y en promedio 1,3 del PIB cada año entre 2024 y 2033.
Una reforma que, además, permitirá enfrentarse a los grandes evasores del país y que obtiene la mayor parte de sus recursos de las capas más privilegiadas de la sociedad. Hoy los más ricos pagan más impuestos, dejamos de ponerle los impuestos a los pobres y la clase media.
Es una de las reformas más progresivas de nuestra historia, una reforma pensada en la gente y para la gente. Junto a esto, las plenarias de Senado y Cámara aprobaron el proyecto de ley que adiciona estas partidas de la reforma tributaria al Presupuesto General de la Nación. Con esta adición, el presupuesto asciende a $ 422,5 billones.
Presupuesto histórico para educación
El sector educación tuvo una asignación de $57 billones, la partida más alta en el Presupuesto Nacional e históricamente el presupuesto más alto de la educación en Colombia.
Por eso dije en alguna ocasión: ¿Para qué es el revólver y para qué es el libro? El libro es para pensar indudablemente, para conocer y el revólver solo sirve para matar.
Entonces, cuando hemos privilegiado más comprar el revólver que el libro, el resultado que hemos tenido en la sociedad colombiana no es más que no hay tantos conocimientos como quisiéramos y sí muchísimos muertos que no quisiéramos, la mayoría jóvenes.
Por eso este Gobierno invierte en la universidad, invierte en los libros, invierte en la educación.
Turismo no para de crecer
El turismo dentro de la economía nacional no ha parado de crecer. El acumulado de visitantes extranjeros entre enero y junio del 2023 alcanzó las 2.705.000 personas, con un crecimiento del 22% si lo comparamos con el periodo antes del COVID y del 34% frente al mismo periodo del 2022.
Poco a poco el turismo extranjero se convierte en una de nuestras mayores fuentes de divisas después de hidrocarburos, que descienden, y de las remesas que envían nuestros familiares fuera del país. El turismo es la esperanza de nuestro país. El cambio nos fortalece, no nos debilita.
Cumpliremos con la deuda externa y los programas del Cambio
La búsqueda de igualdad y justicia nos pone en una senda de desarrollo de un crecimiento distinto, que no deja a nadie atrás.
Cuando llegamos prometimos que íbamos a poner la casa en orden, una casa con grietas, indudablemente, producto de la mala situación económica del COVID y de una mala gestión, indudablemente, que nos dejó una deuda pública que saltará de pagar $ 78 billones este año a pagar el año entrante $ 105 billones.
En nuestra historia no había saltado el pago de la deuda en unos niveles tan enormes como los que tendremos que vivir de este al año entrante.
Aun así, vamos a cumplir con las obligaciones del país a la par que sacamos adelante los programas que hemos propuesto en campaña.
Por ejemplo, en cuanto al fondo de estabilización de precios de los combustibles, que fue un tema que el anterior gobierno no quiso asumir, estamos ya casi cerrando y cauterizando esa herida para liberar recursos públicos para los más necesitados.
No es justo que el joven del barrio popular y de la vereda campesina que quiera estudiar en una universidad no la encuentre, porque el presupuesto se ha destinado a subsidiarle la gasolina al que tiene la Toyota cuatro puertas en las estaciones de gasolina.
Plan Nacional de Desarrollo: el territorio alrededor del agua
Tenemos el Plan Nacional de Desarrollo más participativo que hemos tenido en Colombia, histórico, además, porque es el primero que pone como prioridad el ordenamiento del territorio alrededor del agua y le libera espacios al agua.
Hemos presentado una política de reindustrialización para transitar de una economía extractivista, que sólo saca del subsuelo lo que el ser humano no puso allí, a una economía del conocimiento, productiva y sostenible, que se basa fundamentalmente en el trabajo y el saber del ser humano.
Esta política tiene cinco apuestas productivas: transición energética, reindustrialización en el sector salud, territorios y su tejido empresarial, reindustrialización para la defensa y la vida y agroindustrialización y soberanía alimentaria.
La justicia social: base para la paz
Justicia social. Este trabajo que ya cumple un año, que se nutre de los sueños, las esperanzas, las necesidades y las luchas que el pueblo colombiano ha dado por décadas para salir de las tinieblas de la desigualdad social, la discriminación y la violencia, tiene como uno de sus pilares la justicia social.
La justicia social es una estrella polar que nos guía. La justicia social es la base para la paz, así como la desigualdad social es la fuente indudable de la violencia.
La justicia social es la base para proteger la vida en Colombia. Si no atendemos las causas mismas de la desigualdad, si no enfrentamos la pobreza y el hambre, si no les damos educación a las y los jóvenes, si no cuidamos a los viejos y a las viejas y les garantizamos un sustento, si no le damos dignidad a la madre y al niño pequeño, el cambio será simplemente una palabra vacía.
Campesinado con especial protección constitucional
La justicia social pasa por solucionar el problema de la tierra en Colombia. Por eso estamos avanzando con una reforma rural integral que le dé tierra productiva al campesino, que le permita cultivar esos alimentos que deben llegar a la mesa de cada familia colombiana y, por qué no, del mundo.
Increíblemente, en toda la Constitución no aparecía la palabra campesino, campesina, pero se logró la aprobación del acto legislativo 01 del 2023, gracias al apoyo del Congreso de la República, que modifica la Constitución para reconocer al campesinado como sujeto de especial protección constitucional.
Esto es un tema fundamental de la paz. No hay nación, cuando el campesinado no levanta la bandera nacional, decía la filósofa.
La aprobación de este acto legislativo que protegimos y defendimos en las discusiones ante el Congreso, reconoce un nuevo estándar de derechos del campesinado y su especial protección constitucional.
Un cambio que permite reforzar su participación en la construcción de las políticas públicas, formalizar y titular sus tierras como propiedad colectiva o individual, dándole peso a sus lazos comunitarios y familiares, a la mujer campesina y proteger la soberanía y seguridad alimentaria de Colombia.
Este gobierno está subiendo los cambios de perspectiva que el campesinado nos exige. Así quedó consignado en el Plan de Desarrollo a través del reconocimiento del campesinado como un sujeto diferencial para el cambio.
Romper la desigualdad en la tenencia de la tierra
Asimismo, con las nuevas herramientas que nos ofrece el Plan Nacional de Desarrollo, hemos aportado 73.322 hectáreas al fondo de tierras para el acceso a poblaciones rurales, con el objetivo de romper la desigualdad en la tenencia de la tierra.
Esto corresponde a las tierras compradas, a las tierras recuperadas de las manos de narcotraficantes a través de la SAE (Sociedad de Activos Especiales) y a través de procesos agrarios.
Setenta y tres mil hectáreas aún son poco para los tres millones de hectáreas que el Acuerdo de Paz firmado por Santos impone a la sociedad colombiana y al Estado para entregarle al campesinado de Colombia.
Hemos titulado 240 mil hectáreas, es decir, reconocido títulos de propiedad, y logramos que 800 mil hectáreas, cuyo proceso de titulación estaba guardado en archivos de las instituciones del Estado, se vuelvan realidad para indígenas, para afrocolombianos, para el campesinado de Colombia.
Comercialización, soporte técnico y créditos
El cambio es con hechos, con iniciativas como “Campo Digno”. Hemos estructurado proyectos agropecuarios ayudándole a los campesinos en la comercialización y su soporte técnico.
Aprobamos el Plan Indicativo de Crédito del sector agropecuario con recursos por $ 20 billones para financiar a todos los pequeños productores y asociaciones.
Esta financiación es a través del Banco Agrario para que, agrupados los campesinos y campesinas, los productores directos sean los dueños de la propia industrialización del agro.
El Banco Agrario en el Gobierno del Cambio será el banco de los campesinos, de las pequeñas agricultoras, de los trabajadores del campo que madrugan a labrar la tierra para que tengamos alimentos en nuestras mesas.
No es el banco de los grandes empresarios, de los terratenientes. Ellos ya tienen bancos, pero sí es el banco del campesinado de Colombia que no los tiene.
No se ha expropiado nada ni a nadie
En el Gobierno del Cambio también se construyó, radicó e impulsó la reforma constitucional que creó la jurisdicción agraria y rural, la cual cumple la función social de la propiedad para la reforma agraria saldando una deuda histórica.
Aquí no estamos expropiando, como dijeron que íbamos a hacer, no he expropiado a nada ni a nadie. Estamos comprando la tierra, formalizándola, dándosela a quienes verdaderamente quieren trabajarla.
Solicitamos a los grandes poseedores de tierra fértil, hoy improductivas, vender la mitad de sus haciendas a precio comercial, sin especulaciones y recibir así incluso créditos de capitalización rural para ser más productivos, más ricos, más sostenibles, para tener más vacas en menos tierra.
Ministerio de la Igualdad
Según cifras del Banco Mundial Colombia es el segundo país más desigual de América Latina. Por eso le entregamos al país una institucionalidad para contribuir en la eliminación de las desigualdades políticas, económicas y sociales.
Una de ellas es el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, ahora dirigido por la Ministra Vicepresidente, Francia Márquez, que nace para impulsar el cumplimiento de los principios de no discriminación y no regresividad del ser humano y defender los derechos de las personas en especial protección constitucional, de la población vulnerable y de los grupos históricamente discriminados.
Los territorios excluidos de Colombia, las mujeres en general, los jóvenes pobres de barrios populares y veredas, las minorías étnicas, la población en discapacidad y las minorías sexuales tienen aquí sus instrumentos institucionales para acabar con la discriminación.
Equidad y defensa de la mujer
Aquí tenemos que hablar, por ejemplo, de las mujeres que han sufrido alguna de las peores opresiones de la sociedad.
Esto nos llama a corregir la situación, a nivelar la balanza y garantizar los espacios a los que las mujeres tienen derecho.
Hacia la mujer hemos tomado decisiones fundamentales. Una de ellas fue la de conformar la terna para Fiscal General de la Nación con tres mujeres que no sólo cuentan con vasta experiencia en el derecho penal, sino que han tenido la valentía de defender los derechos humanos, incluso, arriesgando sus vidas en momentos de genocidio y horror que nos han marcado como nación.
Los momentos de genocidio y horror hoy dejarán de ser impunes, en manos, espero, según la Corte Suprema, de una mujer en los próximos años.
Ya he presentado a la Corte Suprema de Justicia la terna conformada por Ángela María Buitrago, Amparo Cerón y Amelia Pérez con la seguridad de que el conocimiento que han acumulado y el coraje de su espíritu sean garantía para tener una fiscal íntegra y capaz.
Vamos hacia una Ley de Reconciliación Nacional si la verdad judicial florece, no sólo en la justicia transicional, sino en la justicia penal ordinaria.
Rentas ciudadanas
Asimismo, hemos puesto nuestra atención en las mujeres cabeza de hogar del país. En ella estará focalizada la Renta Ciudadana, un programa de transferencias monetarias que hemos diseñado para brindar a las familias pobres y en pobreza extrema ingresos que están por encima de la línea de pobreza, es decir, una entrega del Estado a la mujer pobre que la saca de la pobreza.
Este esquema privilegia a mujeres cabeza de hogar con niños y niñas menores de seis años.
Ahora, estamos ya en el tránsito hacia esa Renta Ciudadana beneficiando a un millón de familias con la madre cabeza de hogar al frente.
Se realizarán cinco pagos en 2.023 con una inversión de entre $ 5,5 y $ 6 billones. Ya se han realizado dos pagos con recursos por $1,6 billones de pesos.
La juventud: participación y decisión
También tenemos que hablar de las juventudes que han sido víctimas de un Estado que los ha visto como enemigos, incluso como criminales y ha desplegado un aparato opresivo para impedir que se expresen.
En el Plan Nacional de Desarrollo plasmamos un capítulo dedicado a esas juventudes, a empoderarlas y a darles más herramientas de participación y decisión.
Empoderar a la juventud pasa necesariamente por la educación. Aquí en Colombia, la plata que debía ir a educar a nuestros jóvenes ha terminado destinado, lamentablemente, en salvar banqueros y en salvar guerras, ha profundizado la guerra que victimiza a esa misma juventud independientemente de donde combatan, que la abusa como carne de cañón. Son jóvenes matando jóvenes. Eso no puede seguir pasando y es un cambio que nos hemos propuesto.
Por eso hemos asignado a la educación el presupuesto histórico para el año entrante y este que supera los 57 billones de pesos anuales.
Estamos en medio de un esfuerzo para fortalecer el sistema de educación superior, para garantizar la gratuidad, el acceso equitativo y de calidad.
Se están construyendo consensos en torno a la reforma integral de la ley 30 del 92 y la ley estatutaria, mediante la cual se busca asegurar el derecho fundamental a la educación superior en Colombia.
Hemos logrado, en el 2.022, el número de matrículas en educación superior más alto de la historia de Colombia.
También hemos pedido que se presente un proyecto de ley en donde el Consejo Nacional de Juventud no sea un órgano consultor, sino que sea un órgano de poder real para la toma de decisiones.
¿Cómo puede cambiar el país si no incluye a sus jóvenes? Eso es lo que estamos haciendo, incluyéndolos en la transformación, escuchando sus voces directamente y con participación real y sin discriminación o maltrato.
Justicia social: inclusión crediticia popular
Justicia social es cambiar la vida de nuestra gente. Es democratizar el acceso al crédito, es permitir que la señora de la esquina de la plaza que lleva 30 años vendiendo yucas y papa pueda tener dinero para agrandar su negocio.
Por eso creamos la Estrategia de Inclusión Crediticia de la Economía Popular, llamada CREO, que promoverá la colocación de un millón de operaciones de crédito para gente sin acceso a financiación formal de todos los sectores de la economía.
Agua y saneamiento en municipios más pobres
Justicia social también es garantizar el acceso al agua y al saneamiento básico. Multiplicamos por cinco el número de proyectos aprobados de estos sectores, pasando de 22 en un año a 120.
Se contrataron 59 por un valor de 522 mil millones de pesos. Logramos que 80% de los proyectos aprobados se concentren en municipios de categorías 4, 5 y 6, los más pobres de Colombia, pasando de siete proyectos del último año del gobierno anterior a 96 proyectos en el primer año del Gobierno del Cambio. El 44 % de estos proyectos se encuentran en zonas rurales.
Esto tiene que constituir la revolución del agua potable, sin lo cual no es posible que nuestros niños y niñas dejen de morir por desnutrición.
Para mejorar el acceso a la vivienda asignamos 21.324 subsidios familiares para adquisición de vivienda en Mi Casa Ya, con una gran diferencia: hoy el 62 % de esos subsidios llegan a los hogares más vulnerables, los más pobres. Y el 36 % de ellos para compra de vivienda de interés prioritario.
Reforma a la salud es financieramente posible
Asimismo, es justicia social cuidar la salud de todas y todos los colombianos, no de unos, sino de todos y todas.
Incrementamos el presupuesto para la salud en 20 %. Pasamos de $ 42 billones en el 2.022 a $ 50 billones para el 2.023.
Presidentes del Congreso de la República: sólo en esta cifra hemos demostrado que la reforma a la salud es financieramente posible.
Ya avanza el modelo preventivo y predictivo en Colombia que le propusimos al Congreso. Hemos puesto en operación más de 2.000 equipos básicos de salud, compuestos por médicos, enfermeras, psicólogos, auxiliares y otros profesionales que llegan a los hogares, colegios y comunidades en 677 municipios de 32 departamentos y tres distritos.
Esto incluye 60 equipos de respuesta inmediata para atención de emergencia en La Mojana, Sucre, y La Guajira.
Lo que nosotros queremos es un programa de salud que no mire a la persona como un potencial cliente del mercado de la salud, sino como un ser humano, que no clasifique a los pacientes por si tienen dinero o no, por ser blancos o negros, o por haber nacido en un lugar privilegiado, que no sean sujetos, o aún peor, objetos del negocio, sino sujetos de derechos. Esta es la gran diferencia.
Igualmente hemos iniciado la recuperación y ampliación de la infraestructura sanitaria y la red de urgencias en el país invirtiendo 600 mil millones de pesos en 99 municipios de 29 departamentos, financiando 128 proyectos de infraestructura.
Conectividad es justicia social
Justicia social es darle acceso a Internet a todos los colombianos, incluso, a los que viven en los territorios más remotos.
Internet es hoy un escenario definitivo para el aprendizaje, para la economía, para acceder al mundo.
Se firmó el convenio Marco Mintic e Internexa con el objetivo de conectar 175 municipios del Pacífico negro colombiano, el Urabá y la Guajira.
El convenio, también, incluirá la conexión del Departamento de Amazonas, extendiendo la red desde Brasil.
El nuevo programa Comunidades de Conectividad ha capacitado a 18 mil 344 líderes comunitarios en 948 municipios para la prestación del servicio de Internet comunitario en las zonas más apartadas de Colombia.
Las Comunidades de Conectividad son comunidades de información, de conexión, son poder popular.
Con la estructuración de convenios con Internexa y Findeter, además de proyectos pilotos con empresas de telecomunicaciones que desean vincular al programa, se proyecta consolidar 10 mil comunidades de conectividad en todo el país. Yo creo que se pueden organizar 100 mil.
Justicia ambiental
Justicia ambiental. Junto a ese pilar de la justicia social el Gobierno del Cambio se apoya sobre el pilar de la justicia ambiental, un tema que se ha hecho urgente, como cualquiera puede verlo en las noticias o sentirlo en los cambios del clima que estamos experimentando.
Aquí la política debe estar al servicio de la ciencia. Y lo que nos dice la ciencia es que estamos alcanzando un punto crítico de no retorno, tanto que puede causar la extinción de la vida, la sexta en la historia del planeta.
Tenemos que tomar decisiones inmediatas. Tenemos que descarbonizar la economía, cortar la dependencia del carbón, del petróleo y del gas y extender el uso de las energías limpias, esas que vienen del viento, del sol, del agua o del hidrógeno verde, por ejemplo.
La transición energética
La transición energética justa está dando pasos importantes en Colombia, con una inversión de $ 95 mil millones en 2.023, que beneficia a más de 70 mil personas con proyectos de comunidades energéticas y techos solares en instituciones públicas para municipios de categoría 5 y 6.
De esta manera estamos llevando energía limpia a los colombianos y colombianas de las zonas apartadas de nuestro país.
Esto incluye la apertura, por primera vez, de un proceso competitivo para desarrollar 113 comunidades energéticas en Uribia, Guajira.
Además, creamos la Gerencia Guajira para fortalecer el relacionamiento con las comunidades.
En los últimos gobiernos se aprobaron sólo 21 licencias para proyectos de energías limpias. En este primer año de Gobierno solamente se otorgaron 15 licencias ambientales. Así ratificamos nuestro compromiso con la transición energética justa.
Se ha asignado 8,3 gigas de capacidad –Colombia tiene en total 18– para 190 proyectos de energías limpias en el presente año.
Si estos proyectos se hacen realidad, simplemente, con eso tendremos una matriz de energías limpias 100 %, uno de los primeros países de la tierra en alcanzarla.
Fondo para la Vida y la Biodiversidad
No podemos olvidar que parte del territorio colombiano está en uno de los pilares climáticos fundamentales del planeta, la Amazonía, a donde en esta tarde llegaré. Esa es una responsabilidad que tenemos, proteger y conservar ese pulmón de la humanidad entera.
En el 2.022 tuvimos la deforestación más baja desde 2013. Logramos salvar 50.586 hectáreas de bosque en todo el país. Solo en la Amazonía logramos salvar 40.714 hectáreas, lo que equivale a 58 canchas de fútbol.
Y en el primer trimestre de este año, la deforestación se redujo 76% en todo el país, con lo que solamente en este trimestre ya hemos salvado 38.500 hectáreas.
Creamos el Fondo para la Vida y la Biodiversidad con una asignación anual de 600 mil millones de pesos, que se hará el año entrante y durante 20 años consecutivos, dineros de Colombia, del pueblo, de la nación, que serán destinados a la acción y resiliencia climática, la gestión ambiental, la conservación de los recursos, la revitalización de la selva amazónica.
Estamos protegiendo las reservas naturales, ampliando en más de 1 millón 116 mil hectáreas las áreas protegidas del país. Eso es cerca de siete veces la extensión de Bogotá.
Por ejemplo, aumentamos en más de 172 mil hectáreas el área protegida del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, llegando a un total de 573 mil hectáreas, el corazón del mundo.
Por otro lado, promovimos la aprobación del Acuerdo de Escazú con la ayuda del Congreso de la República, que busca fortalecer la protección de defensores ambientales, así como de los pueblos étnicos, ambientalistas, académicos, guardaparques, funcionarios, entre otros.
Colombia a la vanguardia internacional
Hemos logrado un gran protagonismo internacional. La protección del medio ambiente, la salvación misma de la humanidad es una preocupación central de este Gobierno. Por eso, no hemos dudado en proponer los diálogos nacionales en las instancias multilaterales.
Hoy Colombia ocupa una posición de vanguardia a nivel internacional, no es el vagón de atrás, no es el pueblo olvidado, no son los cien años de soledad.
Como lo dije antes, tenemos una responsabilidad y las asumimos. Tenemos que dialogar con los demás países amazónicos y con el mundo, porque la crisis climática no nos da espera.
Tenemos que cuestionar un sistema financiero que debe transformarse para poder revertir el proceso de autodestrucción en el que nos hemos embarcado.
Hemos llevado a varios escenarios internacionales, desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático hasta la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial la propuesta de canje de deuda por acción climática.
De la guerra contra las drogas al cuidado de la vida
Nosotros hemos propuesto una Política Nacional de Drogas que nos permita transitar de la guerra contra las drogas, hoy fracasada, al cuidado de la vida, que nos dé las herramientas para apoyar a las comunidades que están dependiendo de las economías ilícitas para darles otras alternativas de economías lícitas.
Con esta política, también, buscamos cambiar la forma tradicional con que se ha enfrentado a las organizaciones criminales, abordando el problema con un enfoque de seguridad humana y no desde la simple confrontación militar de siempre.
Esta propuesta la hemos llevado a espacios internacionales, como la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA y la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas.
Colombia no se atemoriza ante el reto de liderar las discusiones que necesita el mundo, porque ante la posibilidad cierta de la muerte nos alzamos como una potencia de la vida.
Por eso, construiremos una política de salud pública para detener la entrada del fentanilo a Colombia, uno de los peores males que hoy sufre la humanidad.
La soberanía desde el pueblo raizal
Somos, además, una nación respetuosa del orden legal internacional, que no duda a defender su soberanía.
Así lo demostramos con el triunfo ante la Corte Internacional de La Haya ante Nicaragua, por medio de los cauces legales.
Con la ayuda de la Armada y de sus desarrollos científicos, supimos defender la integridad del territorio colombiano y triunfamos donde otros fracasaron.
En esta victoria para el Archipiélago (de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los Cayos) y el país, el cambio de equipo de defensa jurídica fue decisivo en las audiencias citadas por la Corte en diciembre de 2.022.
Desde la República, cuando nació, desde el 7 de agosto de 1.819 venimos perdiendo territorio por culpa de gobiernos indolentes.
Eso frenó en este Gobierno del Cambio. El nuevo Agente en La Haya, la Coagente Embajadora y la Viceministra Coagente raizal marcaron la diferencia.
Algo tan básico y tan absurdamente olvidado, como incluir al pueblo raizal en la estrategia de defensa jurídica, fue definitivo para que la Corte negara las pretensiones de Nicaragua sobre esas aguas que sustentan la vida de los habitantes del Archipiélago.
El acuerdo nacional: solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos
Todo esto nos demuestra que a un año de inicio del Gobierno del Cambio el país está encontrando, por fin, la forma de dejar atrás un pasado de violencia, injusticia, discriminación y explotación.
Está dejando atrás un pasado de inferioridad y la resignación a un supuesto destino, en donde el poder solo puede corresponderles a las castas que siempre lo han detectado y lo consideran su propiedad personal y hereditaria.
Nosotros no queremos excluir a nadie. Nos acusan de incitar la lucha de clases, cuando en nuestras palabras y actos siempre hemos demostrado que lo que buscamos es un acuerdo nacional.
Nosotros prometimos dignificar al pueblo y esa sigue siendo una prioridad. Por eso, ese acuerdo no puede significar que el pobre siga arrodillado, vejado, maltratado, recibiendo las migajas que caen de la mesa.
El acuerdo del que hablamos es un acuerdo donde el Gobierno y los partidos de oposición, los empresarios, las comunidades, los partidos de Gobierno, las organizaciones sociales, los sindicatos, las gentes del común, todos los sectores de la sociedad se puedan sentar a dialogar sobre sus problemas concretos y los problemas de la sociedad colombiana.
Es un acuerdo de país. Es un acuerdo que empieza con mi vecino, con mi esposa, con mis hijos, con el tendero, con la Policía, con el transportador, con el empresario patrón y con el líder de mi barrio y de la vereda.
Aquí no se trata de que el Gobierno se salga con la suya, entre comillas. De pronto, solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos.
Colombia no necesita fracturas. Necesita ese acuerdo nacional que traiga la paz. Colombia no necesita de odios. De odios nos hemos matado desde que se fundó la República.
La paz surge de una repartición justa de la tierra, del acceso real y universal a la salud, de la posibilidad de trabajar en buenas condiciones y dignidad y, sobre todo, de tener una vejez segura y digna.
Si creemos que la paz solo se trata de desarmes y desmovilización, entonces estaremos barriendo el polvo debajo de la alfombra, repitiendo esas tragedias que han abierto heridas aún sin cicatrizar.
Necesitamos vernos a la cara y hablarnos con franqueza. Necesitamos estar a la altura de lo que nos está pidiendo la historia y encontrar por fin las soluciones a dificultades largamente postergadas.
Eso es el acuerdo nacional. Es materializar la promesa del cambio entre todas y todos. Un cambio pedido a gritos en las calles y en las urnas.
El pueblo tiene unas expectativas que no podemos defraudar. Por eso, seguiremos insistiendo en nuestras políticas para la gente, en la reforma a la salud, en la reforma laboral, en la pensional, en la de la educación, en la de los servicios públicos, en la de la minería y otras.
Por eso seguimos llamando a todos los sectores políticos, económicos y sociales a hacer parte de un acuerdo nacional que ligue los corazones, las almas y las voluntades de cada colombiano y colombiana para cambiar nuestro destino.
No estamos condenados al desencuentro y la animosidad. No estamos condenados a cien años de soledad. No somos de las estirpes condenadas de la tierra.
Pero creo firmemente que las colombianas y los colombianos tenemos el coraje y la valentía para no desaprovechar este momento único en la historia.
Tenemos el coraje necesario y la valentía para seguir privilegiando la vida sobre la muerte. Y, de esta manera, convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida, como es el propósito mayor del Gobierno del Cambio.
Gracias, muy amables.
(Fin/er/gaj)
