Bogotá, 31 de agosto de 2022.
Yo creo que fue una cumbre seguridad la que hicimos, no solamente un encuentro entre unos funcionarios nacionales, más del orden militar y policial, con el Distrito.
Oímos voces representativas de la comunidad y funcionarios de diferentes niveles de la Fiscalía, de la Defensoría de la Procuraduría y distritales y nacionales, alrededor, primero, de reconocer un hecho que a veces poco se menciona.
Si yo miro hacia 1993, hace ya casi 30 años, Bogotá era 9 veces más violenta que hoy, 9 veces más violenta que hoy. Era una de las ciudades más violentas del mundo.
Hoy, de acuerdo a los estándares internacionales, que se miden por tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, Bogotá está a punto de dejar completamente el mundo de las ciudades violentas y pasar al mundo de las ciudades en proceso real de pacificación, porque está a punto de llegar a 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. La meta este año es 11 - 12.
Cuando yo fui Alcalde era 15 – 17. El anterior Gobierno ha estado en 22. Cuando gobernó (Antanas) Mockus estaba en 55, que es el gran constructor de esta política. Cuando fuimos una de las ciudades más violentas del mundo estábamos en 93 homicidios por 100.000 habitantes.
¿Qué es lo que ha determinado que, en 30 años, la ciudad casi que permanentemente, año tras año, baje su tasa de homicidios de 93 a ya casi 10, es decir, nueve veces menos violentos?
No hay sino una explicación, porque aquí no ha habido más policía, aquí no ha habido ejército en las calles sino de vez en vez, no ha habido más cárceles desde ese entonces, casi. Lo que ha existido en Bogotá se llama justicia social, fuertes programas de inclusión social, el más grande, el más sostenido y el de más dinero invertido, educación.
Durante 30 años, ya los niños de aquella época hoy son papás, durante 30 años, el Distrito cada vez más ha decidido que la educación pública es una prioridad fundamental y que la inclusión social es un eje fundamental de la paz.
Sus indicadores sociales, aun con el episodio de la pandemia, en realidad en estos 30 años han bajado sustancialmente; han bajado las líneas de pobreza, ha bajado la pobreza multidimensional, han crecido sustancialmente los niveles de justicia social en la sociedad bogotana.
Eso explica la caída de la violencia, y es un ejemplo para el país, que queremos reproducir, porque sobre eso se incrementa la tesis de la seguridad humana.
Si logramos más equidad social, más inclusión social de territorios durante siglos abandonados, de capas poblacionales a los que nunca se les miraba, podremos conquistar mejores niveles de paz social, que es lo que queremos alcanzar con el concepto de la paz total.
La seguridad humana es eso: no se mide en muertos, se mide en vidas, y Bogotá es una demostración de que es un camino correcto.
Lucha contra el multicrimen
Ahora, eso no significa caer en ingenuidades, desconocer alarmas, no desactivar motores que podrían incendiar de nuevo lugares, prender violencias en el país y en la ciudad de Bogotá.
Por eso hemos generado aquí un marco entre el Distrito y la Nación, concreto, que puede, digamos, llamémoslo: los pilares de la seguridad humana.
La ciudad inmensa de Bogotá obviamente es diferente a regiones como la Altillanura, como Arauca o como Tumaco, como Buenaventura, etcétera, pero entre estos puntos está hacer un énfasis en las operaciones para las cuales el narcotráfico digamos ha hecho su objetivo: hacer dinero.
El narcotráfico no tiene más objetivo, con todos sus ejércitos, en los territorios de Colombia, de estructuras criminales, multicrimen, etcétera, que hacer dinero. Y el dinero se hace en el lavado de activos, y no lo hace gente uniformada, ni tienen fusiles, están en oficinas, pueden ser gente muy poderosa.
Para desactivar ese engranaje del gran narcotráfico, que es el lavado de activos, que incluye actividades inmensas de contrabando, por ejemplo, tenemos que hacer un énfasis fundamental en la articulación de los cuerpos de inteligencia del Estado.
La comunidad de inteligencia, la vamos a llamar así, con un contrapeso fuerte, que sea la contrainteligencia, para que esa dinámica no termine afectando derechos de la ciudadanía, sino que se dirija exactamente a combatir las grandes operaciones de lavado de activos y la corrupción.
Porque las grandes operaciones de lavado de activos generalmente se realizan con funcionarios del Estado. Y de ahí, digamos, la persistencia del crimen en Colombia.
Como este es el objetivo que alumbra, como una especie de sombrilla toda una gama de multicrímenes que llegan allá al territorio lejano, que en el fondo inciden, por ejemplo, en los jóvenes que se estaban matando entre sí en Buenaventura, pero que tienen aquí la raíz, que es el hacer dinero a través del lavado de activos, pues es ahí, en ese corazón del crimen, en donde tiene que operar con mayor contundencia el Estado.
Para ello, el Estado tiene que estar muy libre del crimen; para ello tiene que fortalecer la actividad de inteligencia. Esto se hace con números, con software, con análisis de redes, con inteligencia artificial, incluso se hace con capacidad cerebral más que militar.
La Dijín (Dirección de Investigación Criminal e Interpol), la Dipol (Dirección de Inteligencia Policial) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), otros organismos de inteligencia, la DNI (Dirección Nacional de Inteligencia) se tienen que articular para garantizar la mayor efectividad en las operaciones contra el lavado de activos en Colombia.
Vamos a cumplir, con dificultades, el objetivo de aumentar el pie fuerza policial en Bogotá; se necesita en todo el país. Le he pedido a la Policía que cuide menos al Gobierno y más a la ciudadanía para liberar personal y dedicarlo a ese cuidado de la ciudadanía.
He pedido que se reestructuren las formas organizacionales de la Policía en las grandes ciudades para atender el hecho de que en las grandes ciudades hay flujos poblacionales. En el caso de Bogotá son millones de personas en las horas pico, que se mueven y en donde tiene que estar la Policía porque allí se realiza el delito.
Si la Policía está localizada, quieta en barrios y cuadrantes no puede estar en los flujos poblacionales y la ciudadanía queda, un tanto, digamos, sin protección de la fuerza policial.
Redefinir las metas de operación y de eficacia de la Policía hacia indicadores que tienen que ver con el menor homicidio, con el mayor desarme, con, efectivamente, desarticular —yo diría que— bandas de lavado de activos, con más confianza en la ciudadanía, después de una ruptura indudable, que tiene que cerrarse, y eso no se hace fácil.
Generar confianza con la ciudadanía
Tiene que hacerse, a través del tiempo de generación de confianza entre ciudadanía y Policía. Un plan de desarme mucho más eficaz que el que, incluso, iniciamos en Bogotá hace algún tiempo.
En todo el país yo pienso que hay que eliminar, incluso, hasta los permisos especiales de armas.
Vamos a cambiar —como lo dijimos en el programa, ya hay aquí unas experiencias piloto en Bogotá, exitosas— en buena parte de la justicia, la concepción hacia lo que se denomina justicia restaurativa.
La Justicia Especial para la Paz (JEP) es un ejemplo grande de justicia restaurativa.
No está pensada en la mayor pena, sino está pensada en que se restaure a la víctima con la verdad, entre otras medidas restaurativas. Esa JEP, esa concepción, puede aplicarse en diversos delitos con la justicia ordinaria. Si cambia la concepción hacia la justicia restaurativa.
La Fiscalía quiere más fuerza, en términos de personas, que trabajen en la Fiscalía.
Ha demostrado, en los últimos tiempos, una disminución de la impunidad y yo creo que deberíamos discutir con la Procuradora (General de la Nación, Margarita Cabello Blanco), después de que acabe su mandato, la posibilidad de que esas acciones importantes de la Procuraduría puedan fortalecer la Fiscalía, como hemos discutido, anteriormente, sobre todo, debido a los efectos reales de la sentencia CIDH.
Tenemos dado que, la experiencia bogotana de 30 años exitosa, que la ha vuelto la capital más pacífica de Colombia, cierto, último año, por tasa de homicidios. La capital más pacífica de Colombia —oigan eso— la ciudad más grande del país.
El fundamento de eso, sólidamente se puede demostrar es aumentar la capacidad de inclusión social.
Pues tenemos nubarrones en el cercano futuro: crisis económica mundial, posibilidades de crisis climática en los próximos días en toda Colombia, cierre presupuestal por decisión del anterior gobierno de toda la política asistencial que se construyó respecto a la pandemia, Ingreso Solidario y otros nombres.
Diez billones de pesos ya no están en el presupuesto del año entrante por esa decisión, en un momento difícil, que podría, si no logramos una política eficaz, incrementar la pobreza en Colombia.
Y, por tanto, esta demostración de que si disminuye la pobreza disminuye el crimen, pues puede volverse inversa.
Aquí hay un desafío total al Gobierno Nacional y también al Distrital, para garantizar que, de una manera contracíclica, a pesar del nubarrón económico, que parece caer sobre el país, desde el exterior, podamos garantizar las políticas de inclusión social cambiando, quizá, las formas, adaptándonos a la nueva realidad económica que viene para lograr precisamente el gran objetivo que nos hemos propuesto que es la paz total.
Si el negocio del narcotráfico y otros negocios afines se vuelve difícil hacerlo en Colombia, y eso no tiene que ver con fumigar campesinos, sino con poner presos a grandes lavadores de dólares, yo creo que nos acercamos a las posibilidades de la paz total.
Bueno, esa es mi declaración, gracias por haberme escuchado.
(Fin/jdg/pem/gb/mpp/lg/fca/mha)
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