Ituango, Antioquia, 27 de agosto de 2022.
He escuchado las intervenciones diversas, a lo largo de esta tarde, pero me han generado algunas inquietudes que quiero transmitir a los intervinientes, a la mesa, a los alcaldes que están aquí, del territorio, a la ciudadanía en general.
Estamos hablando de un Puesto de Mando Unificado. Esas palabras no son gratuitas. ¿Qué significa eso? Un ‘puesto’ es un lugar, puede ser una carpa; ‘De mando’ significa alguien o una instancia que ordena, que manda. Y ‘unificado’ es que toda la institucionalidad que llegue allí tiene que estar unificada alrededor de ese mando.
Es, por tanto, una instancia operativa. Y, por tanto, debe ser eficaz. No es una instancia retórica. Puede tener deliberación, pero no es, en sí misma, una instancia deliberativa. Es una instancia para actuar.
¿Por qué se cita un Puesto de Mando Unificado? Por una urgencia, por una emergencia, por prevenir; por, en este caso, la violencia que puede matar a una persona o a varias, desplazar, confinar, etcétera.
Luego el mando, en mi opinión, de ese puesto, debe ser el alcalde de la zona donde se establece la violencia. Aquí, en Ituango, usted, Alcalde.
¿Qué significa eso? Que el alcalde, si le llega la información por los mecanismos existentes, una alerta de la Defensoría del Pueblo, una versión de los campesinos que llegan afanados de algún lugar, y se intuye que va a haber una masacre, por ejemplo, o hubo la masacre o se produjo un desplazamiento masivo o hay un lugar confinado por los combates, y la gente está allí encerrada sin mayores posibilidades ni de locomoción e incluso ni de alimentación, entonces el alcalde convoca las instituciones que haya allí en el lugar y, básicamente, porque estamos hablando de violencia, la Policía, el Ejército y las otras Fuerzas Militares.
El alcalde convoca. Dice la Constitución que el alcalde es el jefe de la Policía, pero los que hemos sido alcaldes sabemos que eso es carreta. Menos puede ser constitucionalmente el jefe de las unidades del Ejército que están allí. Son estructuras nacionales que obedecen mandos nacionales.
Entonces aquí le voy a pedir a la Fuerza Pública presente, pero esto es para todo el país, Ministro de Defensa: en los lugares que sabemos que hay violencia –se han detectado 65 municipios, eso puede variar–, los alcaldes de esos municipios pueden y deben convocar puestos de mando unificado y las unidades de Ejército o la Fuerza Pública allí localizada y la Policía deben obedecer al alcalde.
Si el alcalde ordena que las unidades deben desconfinar un territorio, el Ejército debe obedecer. Si no, eso no se llama Puesto de Mando Unificado. Es otra cosa. Podemos llamarlo de otras maneras. Pero es el alcalde el que debe mandar.
Las instituciones nacionales del Gobierno Nacional localizadas allí, cuando se convoca un Puesto de Mando Unificado, deben obedecer al alcalde, y el alcalde, como autoridad local, debe establecer los criterios, los planes, la acciones para defender la vida.
Llámese esto crisis climática, porque los Puestos de Mando Unificado se ponen muchas veces por los mal llamados desastres naturales, que en realidad son desastres humanos, que están convulsionando el clima, o en las zonas de conflicto, por los agentes de la violencia, que hay que detener en su accionar o mitigar los daños o prevenirlos.
Entonces me parece que este concepto de Puesto de Mando Unificado debe recobrar su valor operativo. Es en los municipios donde hay conflictos.
Segundo, Ministro Defensa, hay que impartir la instrucción de volver, cuando se convoca un Puesto de Mando Unificado, al alcalde mando de nuestras Fuerzas Militares en el territorio.
Con fines humanitarios, ojo, no estamos hablando un mecanismo de guerra. La guerra se organiza de otra manera. Cuando se convoca un Puesto de Mando Unificado es para salvar vidas, para defender los derechos humanos en el territorio. Es el derecho humanitario lo que está detrás de un Puesto de Mando Unificado.
Por eso se han denominado Puesto de Mando Unificado por la Vida. No es una acción militar; es una acción humanitaria lo que se adelanta. Y esa es la responsabilidad del alcalde en zona de conflicto, con todos los riesgos que eso tiene.
Entonces, Ministro Defensa, hay que impartir esa instrucción en esos 65 municipios, que están detectados, uno de los cuales es Ituango, para que las unidades de Ejército que están allí o de Fuerza Aérea o de la Armada y, obviamente, de la Policía obedezcan al alcalde cuando se cita el Puesto de Mando Unificado.
Violencia y economías ilegales
Ahora bien, ayer, en el Catatumbo, estuvimos casi todo el día allí, salieron una serie de tesis que me parece importante discutir, digamos, o adelantar con ustedes aquí en Ituango.
Las zonas de violencia, los actores armados, que son agentes de esa violencia, con sus diversos nombres, que ya no alcanza ni el abecedario para completar las siglas, están ligados, como estructuras armadas, están ligados a economías ilegales.
Lo que hace que esas armas permanezcan accionando en un territorio, y pasen las décadas y el territorio sigue siendo violento, es la economía ilegal que está en el territorio.
¿Por qué la tasa de homicidios más alta en Cáceres o en Ituango, para para ponerlo de ejemplo, o en Caucasia? ¿Y por qué no es en Jericó? ¿Cuál es la razón?
No es que los pueblos sean completamente diferentes y unos tengan instintos más violentos que otros, eso no es cierto.
Es que en estas zonas hay unas economías ilegales, básicamente dos: cocaína y minería ilegal, que, por ejemplo, no están en otras zonas, por razones geológicas, por razones de su ubicación geográfica, y entonces esas otras zonas son menos violentas.
Entonces la economía ilegal se vuelve un tema de análisis, porque es el motor de la violencia.
En relación a la coca, los gobiernos han construido algún tipo de políticas, que hablan de sustitución voluntaria de cultivos. El PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos) fue la última. Se incumplió porque en cuatro años políticamente decidieron no adelantar ese programa, por razones diversas, no las vamos a cuestionar aquí.
Pero, frente a la minería ilegal, no hay política pública. Mientras sí se encuentra un balbuceo frente al tema del cultivo de coca, no se encuentra una línea de acción del Estado respecto a la minería que llaman ilegal, que muchas veces se confunde con la minería ancestral, que muchas veces se confunde con la minería tradicional, que muchas veces se confunde, son fronteras difíciles de discernir, con la pequeña minería versus la multinacional, la gran minería, que es lo que ha defendido el Estado.
Desde el año 2000, desde el Código Minero se defiende es la minería de la multinacional y todo lo demás queda en un saco, tanto lo ilegal como lo pequeño, como lo ancestral, como lo tradicional, que es golpeado, una y otra vez, y allí va surgiendo uno de los factores de la violencia en Colombia.
Esa es una responsabilidad del Gobierno que yo presido: construir una política frente a la minería en su diversidad.
Importancia de los Diálogos Regionales
Pero en el Catatumbo decía un campesino, muy sabiamente: Hay que ir más allá del PNIS, si queremos resolver el problema de la economía ilegal, de la hoja de coca, que es ilegal por una imposición mundial, porque al final no es sino una mata más, como tantas, pero la vuelven ilegal, por razones políticas, en los centros de poder mundial, que nosotros todavía no podemos afectar.
Ir más allá PNIS, ¿significa que? Que no es simplemente negociar con decenas de miles de campesinos: qué cultivos, cuánto se paga mensualmente, cómo se vuelven agroindustriales sus cultivos para que adquieran más valor agregado, cómo se puede establecer un plan de compra de cosechas allí en esos núcleos campesinos que se dedican en los territorios al cultivo de la hoja de coca, sino que hay que mirar es el territorio todo.
Es que si no se abre la vía, no funciona la sustitución de cultivos. Es que si no se hace navegable el río, es que si no se ponen pistas aéreas, es que si no se articula el territorio al conjunto de la sociedad y de la economía nacional, es que si sigue siendo marginado no solo el campesino que produce hoja de coca sino el conjunto de la población, no se supera, a pesar de que pueda existir una política de sustitución de cultivos, el cultivo de la hoja de coca.
Eso decían en el Catatumbo, y aquí se vuelve pertinente el tema del diálogo regional. El diálogo regional no es un encuentro para echar tres discursos. Es un proceso que nosotros hemos pensado debe ser dirigido hacia el Plan Nacional de Desarrollo, porque es una ley, y entonces lo vuelve vinculante, es decir, lo vuelve norma, lo vuelve poderoso.
El diálogo regional es el intento de toda la sociedad, en toda su diversidad, de encontrar una visión de la región: qué quiere la sociedad que habita este territorio de su región, cómo cree que esa visión de su región, de la prosperidad que cree esa sociedad, puede alcanzar en su territorio; cómo puede articularse en planes y proyectos que se vuelvan entonces obligatorios a través de la ley para el Gobierno Nacional, en el Plan Nacional de Desarrollo.
Aquí invitaría a todos los alcaldes, al Gobernador, a la sociedad misma, a las organizaciones sociales, a hacer este esfuerzo en estos meses, porque el diálogo regional, al darnos una visión del territorio, le da una respuesta a eso que el campesino del Catatumbo nos decía: hay que ir más allá del PNIS.
Diálogo regional y proceso de paz total
El diálogo regional es ir más allá. Es construir democracia en el territorio y posibilidades de prosperidad, a partir de la decisión de sus propios habitantes, y volviéndolo vinculante en una ley de la República, que tenemos a la mano, que se llama el Plan Nacional de Desarrollo, y que determina los presupuestos en los próximos cuatro años. Es decir, le pone la plata al proyecto.
A mí me parece esto, si lo logramos extender por todo el país. Cada región es diversa, cada región tiene sentidos diferentes, cada sociedad en los territorios tiene una conflictividad que hay que simplemente tramitar a partir del diálogo.
Los grupos que aquí, en este territorio, se dedican al transporte de la cocaína, a la producción de la cocaína; los grupos que no muy lejos de aquí se dedican a la minería ilegal o se arman con la minería ilegal, con el oro –cocaína y oro, esa combinación que se ha vuelto terrible para la sociedad colombiana–, esas agrupaciones al final podrían recogerse en una visión común de prosperidad en el territorio.
Si tenemos esa cama amplia, que es la visión común, con capacidad de volverse dinero, en términos de proyectos reales, de estructuras, de infraestructuras reales, entonces el proceso de paz es más fácil de realizar.
Porque no simplemente es decirle a una persona: ‘Oiga, desármese’. ‘No, pero si la cocaína me da para comer’. No, tenemos una alternativa para esa cocaína, que puede ser incluso mejor que la cocaína, porque es el plan del territorio para la prosperidad de su propia sociedad, secundado, fortalecido por el mismo presupuesto nacional. Es decir, por el dinero público de todo Colombia.
Cese al fuego multilateral
Invitar al desarme generalizado, invitar en una primera fase a un cese al fuego multilateral, como dijeron acá, que sería grandiosísimo, aún sin ser la paz, el que se pudiera producir un cese al fuego multilateral, para entrar a un proceso de negociaciones en concreto, sería más viable si tuviéramos esos diálogos regionales andando.
Entonces esta es una invitación que les hago a los autoridades locales, departamentales y municipales para incentivar la discusión ciudadana sobre qué región quiere, qué territorio quiere.
Les informo a los habitantes de Ituango que todas las agrupaciones que hacen presencia en el territorio, de manera ilegal, han enviado cartas al Gobierno diciendo que quieren paz.
Son palabras, son papeles, expresan, y eso es lo positivo, un clima, llamémoslo así, un clima, una atmósfera de posibilidades de diálogo y de negociación, pero de las palabras hay que pasar a las acciones. Hay que iniciar los diálogos con los negociadores que designen. En muchos casos no son temas políticos, son temas jurídicos, es un acogimiento a la justicia. En otros casos tienen más matices políticos.
Pero las acciones implican que debe haber negociadores legítimos de esas agrupaciones para hablar con el Estado, y las acciones podrían comenzar, si empezamos ese diálogo, con un cese multilateral de hostilidades, un cese al fuego, que les propongo a estos grupos, en todo el país, se realice, porque ese sería el clima más apropiado para lograr la fuerza de la sociedad que nos permita legitimar un fin definitivo de la violencia armada, de los conflictos armados, de la situación de violencia armada que vive el país.
Yo ahí concluyó. Entonces estos puestos de mando unificado deben ser, ojo, operativos y eficaces, porque es para salvar vidas, y los alcaldes son los principales responsables.
Hay que tener en la cabeza fría y el buen sentido para posibilitar esos hechos, pero aquí se trata de salvar vidas. La seguridad humana se mide en vidas. Otras seguridades las median en muertos y bajas. Esta la queremos medir en vidas.
Gracias a todas y todos por su atención, muy amables.
Fin/ndc/epr/mgm/fca)
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